
Siendo el Real Decreto 1174/1987, el regulador del régimen jurídico aplicable en procesos selectivos de acceso al funcionariado, delimitando las titulaciones válidas para la convocatoria, se ha de decir que se ha quedado obsoleto y los juzgados optan por su renovación y actualización en referencia a los nuevos grados universitarios que han ido surgiendo a lo largo de los años de su aprobación.
Tal es el caso del grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas impartido por la UNED, que en virtud de sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Vitoria, de fecha 12 de Diciembre de 2018, se ha declarado y reconocido su validez como titulación suficiente y válida para procesos selectivos para funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.
Hasta ese momento, los estudiantes que habían alcanzado dicha titulación estaban desamparados en tanto en cuanto, y pese a haberse creado por y para trabajar en la función pública, y ser el grado con conocimientos más completos de la realizada y funcionamiento de la administración pública, en las convocatorias de acceso se veían excluidos porque dicho grado no viene contemplado en dicho Real Decreto.
Si bien y tras dicha resolución judicial el panorama es mucho más esperanzador al declararse como válido para acceder a la función pública. Se ha de hacer hincapié que la propia Constitución, en su artículo 23.2 garantiza a todos los ciudadanos el derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad, lo que supone concurrir a todo proceso selectivo de acuerdo con unas bases adecuadas a los principios de mérito y capacidad, de tal modo, que durante el desarrollo del procedimiento selectivo ha de quedar excluida toda diferencia de trato entre los aspirantes.
A lo que se ha de añadir que los graduados en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas adquieren un conocimiento global más completo de todo el régimen jurídico financiero de las Administraciones Publicas, el ser excluido solo porque su grado no coincide con los establecidos legalmente, recuérdese titulaciones de hace más de 30 años, es contrario a derecho además de injusto, para quién ha empleado todo su esfuerzo, dinero y tiempo en conseguir dicha graduación.