En el contexto actual de digitalización y modernización de la Administración de Justicia, las empresas deben adaptarse a nuevas normativas que promueven la eficiencia y la transparencia en sus interacciones con el sistema judicial. En este artículo, abordaremos dos normativas clave que regulan estas comunicaciones: el Real Decreto 1065/2015 y el reciente Real Decreto-ley 6/2023.

Real Decreto 1065/2015: El Sistema LexNET

El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, es una normativa crucial que establece las bases para las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia, específicamente dentro del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. Uno de los componentes centrales de este decreto es el sistema LexNET, diseñado para facilitar y asegurar las comunicaciones entre los diferentes actores del sistema judicial.

Artículo 4: Obligaciones y Derechos en las Comunicaciones Electrónicas

El artículo 4 de este decreto es particularmente relevante para las empresas y otras entidades jurídicas. Este artículo establece que:

Derecho de Elección para los Ciudadanos:

Los ciudadanos que no estén representados por profesionales de la justicia tienen la opción de elegir si desean comunicarse con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos o no. Esto les brinda flexibilidad y acceso a la tecnología según sus necesidades y capacidades.

Obligatoriedad para Entidades Jurídicas:

Personas Jurídicas: Todas las empresas, sin excepción, están obligadas a utilizar canales electrónicos para comunicarse con la Administración de Justicia. Esto incluye la presentación de documentos y la recepción de notificaciones.

Entidades sin Personalidad Jurídica: Las asociaciones, comunidades de propietarios y otras entidades que no poseen personalidad jurídica también están obligadas a realizar sus comunicaciones judiciales a través de medios electrónicos.

Esta obligatoriedad asegura que las interacciones entre las empresas y el sistema judicial sean rápidas, seguras y eficientes, eliminando retrasos y errores asociados con las comunicaciones en papel.

Real Decreto-ley 6/2023: Avanzando en la Digitalización

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, refuerza y amplía las medidas de digitalización en la Administración de Justicia. Este decreto se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca modernizar aún más el sistema judicial español.

Claves del Real Decreto-ley 6/2023

Tramitación Electrónica Obligatoria:

Las empresas deben seguir utilizando medios electrónicos para todas las comunicaciones con la Administración de Justicia, consolidando la obligatoriedad ya establecida por el Real Decreto 1065/2015.

Simplificación y Eficiencia:

Se promueve la utilización de herramientas como la Carpeta Justicia y la Sede Judicial Electrónica, que facilitan a las empresas la gestión de sus expedientes y comunicaciones de manera centralizada y accesible.

Interoperabilidad:

Se busca la integración y compatibilidad de los diferentes sistemas de información utilizados por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, asegurando una comunicación fluida y sin barreras tecnológicas.

Seguridad y Accesibilidad:

El decreto incluye medidas para garantizar que las comunicaciones electrónicas sean seguras, fiables y accesibles, protegiendo los datos y la privacidad de las partes involucradas.

Conclusión

La adopción de medios electrónicos para las comunicaciones judiciales no es solo una obligación legal para las empresas y entidades sin personalidad jurídica, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia y transparencia en sus relaciones con la Administración de Justicia. Normativas como el Real Decreto 1065/2015 y el Real Decreto-ley 6/2023 son pasos decisivos hacia una justicia más moderna, accesible y eficiente, que responde a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.

Las empresas deben estar atentas a estos cambios y adoptar las herramientas necesarias para facilitar esta transición hacia una comunicación totalmente digital con el sistema judicial.