En el contexto actual de digitalización y modernización de la Administración de Justicia, las empresas deben adaptarse a nuevas normativas que promueven la eficiencia y la transparencia en sus interacciones con el sistema judicial. En este artículo, abordaremos dos normativas clave que regulan estas comunicaciones: el Real Decreto 1065/2015 y el reciente Real Decreto-ley 6/2023.