En un reciente pronunciamiento, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha emitido una decisión de gran relevancia para el marco laboral español. El 29 de julio de 2024, el CEDS hizo pública su resolución respecto a la denuncia presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT) en 2022, en la que se alegaba que el sistema de compensación por despido improcedente en España no garantiza una indemnización adecuada para los trabajadores afectados.

Contexto de la decisión

El caso se centró en la interpretación del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada, que establece el derecho de los trabajadores a recibir una compensación adecuada en caso de despido sin causa válida. La UGT argumentó que la legislación española, tal como está establecida tras la reforma laboral de 2012, limita la compensación a 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 meses, lo que, según la organización, no cubre adecuadamente los daños sufridos por el trabajador y no tiene un efecto suficientemente disuasorio sobre los empleadores.

El Gobierno español, por su parte, defendió que la compensación establecida es adecuada y ofrece certeza tanto para trabajadores como para empleadores, señalando que en ciertos casos excepcionales los tribunales han concedido indemnizaciones adicionales.

Conclusiones del CEDS

El CEDS, tras evaluar los argumentos de ambas partes, concluyó que el sistema de compensación actual en España, en particular el límite máximo de 24 meses de salario, puede ser insuficiente para cubrir el daño real sufrido por el trabajador despedido de manera improcedente y para disuadir a los empleadores de realizar despidos sin causa válida. El Comité destacó que, aunque la posibilidad de compensaciones adicionales existe en la jurisprudencia española, esta se considera excepcional y no garantiza de manera generalizada una indemnización adecuada.

Esta decisión del CEDS es un llamado de atención para España sobre la necesidad de revisar y potencialmente ajustar su marco legal para asegurar que las compensaciones por despido sean verdaderamente proporcionales al daño sufrido por los trabajadores y efectivamente disuasorias para evitar abusos.

Impacto y consideraciones futuras

Es previsible que se incremente el escrutinio sobre la adecuación de las compensaciones en casos de despido improcedente, y que se abran nuevas vías para que los trabajadores reclamen indemnizaciones más justas basadas en el daño real sufrido. Además, las empresas deben estar atentas a posibles cambios legislativos que puedan surgir como respuesta a esta decisión, lo que podría afectar sus políticas de contratación y despido.

En resumen, la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales subraya la importancia de asegurar que los sistemas de compensación sean justos y efectivos, protegiendo adecuadamente a los trabajadores y manteniendo un equilibrio en las relaciones laborales.